La sociedad reclama acciones claras y eficaces para eliminar la discriminación económica que sistemáticamente incide en mayor medida en las mujeres.
En el año 1978, los movimientos de mujeres reclamaban que la Constitución que se redactaba y discutía en esos momentos contemplara, además de la despenalización del aborto o el derecho al divorcio, el derecho a la igualdad en el empleo y en los salarios. Casi cuarenta años después, continua la demanda a los diversos poderes públicos de medidas efectivas para acabar con la desigualdad laboral. Pero la sociedad de 2017 ya no se conforma únicamente con declaraciones de intenciones o brindis al sol. Reclama acciones claras y eficaces para eliminar la discriminación económica que sistemáticamente incide en mayor medida en las mujeres.
Las instituciones públicas tenemos la obligación de situar el derecho a la igualdad económica y la eliminación de la feminización de la pobreza y la precariedad en un lugar de máxima prioridad de nuestra acción política. Los recortes presupuestarios en políticas de igualdad, sanitarias, educativas o de servicios sociales de los últimos años han supuesto, además de una grave amenaza a los derechos de ciudadanía especialmente de las mujeres, una amenaza también al proceso en marcha para conseguir una igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres, puesto que la falta de empleo, la precariedad laboral, el cuidado de menores y persones dependientes, etcétera son cuestiones que asumen habitualmente las mujeres cuando las instituciones públicas no los cubren o resuelven en su totalidad.
Resulta muy interesante situar el foco en la desigualdad o brecha salarial, ese porcentaje de diferencia de las retribuciones medias de hombres y mujeres, que en el Estado Español es del 24% y en la Comunidad Valenciana se sitúa en el 24,24% (datos consolidados de la Encuesta de Estructura Salarial de 2013, INE). La brecha salarial es un claro indicador de la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo y constituye el preludio de la desigualdad en la percepción de las pensiones de jubilación, donde la diferencia económica entre hombres y mujeres llega a un 37,5%.
Pero la desigualdad salarial es, sobre todo, un síntoma que nos ayuda a entender cuáles son las posiciones de hombres y mujeres en el espacio público y privado. Las causas de esta desigualdad son muy diversas, como por ejemplo, la inferior valoración social y económica del trabajo realizado por las mujeres, especialmente en categorías profesionales de baja calificación. O las diferentes posiciones de mujeres y hombres en el empleo marcadas por las relaciones de género (segregación laboral, limitación de promoción y techo de cristal), así como la incorporación tardía de las mujeres a diferentes sectores y niveles laborales, la feminización de determinados sectores y ocupaciones, la menor presencia en lugares de responsabilidad, las condiciones laborales inferiores en base a las necesidades de conciliación, mayores índices de trabajo temporal y a tiempo parcial, menor tasa de ocupación, mayor tasa de desocupación, etcétera. Además, las responsabilidades familiares y de cuidados, como se apuntaba anteriormente, continúan estando asignadas a las mujeres, lo cual dificulta su dedicación y promoción profesional. Más aún teniendo en cuenta la cultura del trabajo y empresarial vigente, que exige una dedicación llena y una prioridad ante cualquier otra faceta de la vida. A esto se añade a existencia de situaciones de renuncia voluntaria a mayores retribuciones y responsabilidades por parte de muchas mujeres, y cada vez más hombres, para disfrutar en mayor medida del tiempo y espacio personal y privado.
Por todo esto, luchar contra esta desigualdad implica detectar y denunciar no sólo las situaciones de discriminación directa, sino también las que están generando discriminaciones más invisibles y difíciles de detectar, como pueda ser la revisión de los criterios de valoración de las diferentes ocupaciones, cuestionar los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, especialmente en todo aquello relacionado con la conciliación y la corresponsabilidad, y provocar un cambio en las creencias y usos del tiempo de la cultura empresarial y de toda la sociedad.
La sociedad reclama un nuevo modelo social en el que la vida personal, familiar y profesional sea compatible sin los costes económicos y humanos actuales. Sirve para bien poco esforzarse en asimilar a las mujeres a unas estructuras y modelos de poder y trabajo que fueron concebidos y creados por y para los hombres. El modelo de la superwoman ya no resulta válido ni deseable por su alto coste para la salud y la vida de las mujeres. La superación de la desigualdad económica y social entre mujeres y hombres implica un cambio mucho más profundo, un cambio colectivo fundamental sin el cual ninguna otra acción puede llegar a tener resultados verdaderamente significativos. Ese cambio de paradigma plantea que la vida reproductiva, la maternidad y el cuidado de las personas es la base de la vida social, económica y política, por delante del ámbito productivo, que tendrá que estar siempre al servicio del sostenimiento de la vida. Porque trabajar por la eliminación de la discriminación por razón de sexo es, además de un imperativo legal y una cuestión de justicia y democracia, un requisito imprescindible para garantizar el crecimiento y la recuperación económica de nuestras sociedades. Una sociedad igualitaria es una sociedad más productiva y sostenible social y económicamente.
Por todo ello, es urgente ponerse a trabajar y adoptar iniciativas claras. Como la de trabajar la sensibilización dirigida a la sociedad, sindicatos y empresas respecto a las causas y consecuencias de la desigualdad salarial y la necesidad de actuar conjuntamente para su eliminación.
También es fundamental, potenciar la implantación y supervisión sistemática de Planes de Igualdad en las empresas, como instrumentos idóneos para minimizar la brecha salarial y la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral.
Otra medida importante sería instar al Gobierno estatal a la elaboración de una Ley de Igualdad Salarial de mujeres y hombres, que incluya medidas de transparencia salarial en las empresas, otras para garantizar el acceso al empleo y la promoción en igualdad o la regulación y racionalización de los horarios y usos del tiempo para adaptarlos a la realidad de nuestras vidas.
Después de cuarenta años de democracia legislativa e igualdad formal, ¿a qué esperamos para hacer posible una #igualdadREAL?
Isa Lozano
Regidora d’Igualtat a l’Ajuntament de València
